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Sector privado llama a empleados del Poder Judicial a deponer huelga

 

San José, 27 de julio de 2017

• Movimiento ya cumple nueve días afectando servicios públicos a los costarricenses.
• Para el sector empresarial es evidente que el sistema de pensiones del Poder Judicial es insostenible y requiere cambios.

La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), hace un llamado a los empleados del Poder Judicial a deponer la huelga indefinida que mantienen desde hace nueve días, provocando la paralización de servicios públicos.

Para el sector empresarial, la huelga promovida por los sindicatos no tiene razón de ser, dado que en la Asamblea Legislativa existe total anuencia a negociar un nuevo proyecto, y sin embargo, los gremios mantienen una posición intransigente.

“La Unión de Cámaras hace un llamado a los grupos sindicales a pensar en el bienestar de los costarricenses y evitar situaciones tan lamentables como las que ocurrieron el fin de semana en la Medicatura Forense, con la negativa de los funcionarios a entregar los cuerpos de seres queridos a las familias dolientes”, señaló Franco Arturo Pacheco, Presidente de UCCAEP.

El sector empresarial ha externado su preocupación por los privilegios desmedidos en las pensiones del Poder Judicial, que a todas luces es insostenible y requiere modificaciones.

“Es evidente que el sistema de pensiones del Poder Judicial es un régimen de lujo, poco equitativo y con varios privilegios, pues basta con 30 años de cotización para pensionarse, se otorgan pensiones sin tope y algunas superan los ¢9 millones, mientras que en el régimen del IVM la pensión máxima es de ¢1,5 millones”, agregó Pacheco.

El jerarca de UCCAEP insistió en que el sector apoya la búsqueda de soluciones basadas en criterios técnicos, pues en este régimen; la edad de pensión debe subirse, no se pueden permitir pensiones adelantadas y se debe establecer un tope máximo, pero ninguna de esas medidas debe ser trasladada al presupuesto nacional, pues la suma de derechos desproporcionados va en detrimento de la ciudadanía dada la carga fiscal.

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